El Consorcio elimina la franquicia para los daños materiales de las pymes por la DANA

El BOE ha publicado el Real Decreto-ley 6/2024 por el que se adoptan medidas urgentes de respuesta ante los daños causados por la DANA. Entre otras medidas, la norma recoge que, en relación con las coberturas del seguro de riesgos extraordinarios gestionado por el Consorcio de Compensación de Seguros, se elimina la franquicia para los daños materiales producidos en establecimientos industriales, mercantiles y de servicios causados directamente por la DANA cuando los asegurados sean pequeñas y medianas empresas.

A estos efectos y con el objeto de facilitar la tramitación de las indemnizaciones se consideran como pequeñas y medianas empresas las que tengan un importe neto de cifra anual de negocios que no supere los 6.000.000 de euros, en línea con importes de referencia previstos en la normativa mercantil.

Consultas al Registro de Vida

Por lo que se refiere a los daños a las personas, específicamente en el caso de indemnizaciones por fallecimiento, y con el objeto de facilitar la mayor celeridad en la tramitación de las indemnizaciones, el RD habilita expresamente al Consorcio de Compensación de Seguros para que pueda solicitar directamente los certificados de defunción y del Registro de Contratos de Seguros de cobertura de fallecimiento referentes a las personas fallecidas como consecuencia directa de la DANA.

El Real Decreto-ley autoriza un primer paquete de medidas para ayudar a las personas, autónomos y empresas afectados por la dana. Las ayudas, que alcanzan los 10.600 millones de euros, se pueden solicitar desde ayer jueves y refuerzan las ayudas contempladas en el Real Decreto 307/2005 que regula las subvenciones en atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica. Esta partida económica cuadriplica las cantidades máximas subvencionables previstas y elimina algunos requisitos como los mencionados. Además, establece plazos ampliados para facilitar el acceso a los fondos.

El paquete de medidas aprobado por el Consejo de Ministros cubre un amplio abanico de apoyos financieros y fiscales destinados a las 78 localidades afectadas, principalmente en la Comunidad Valenciana (75 municipios), pero también en algunas zonas de Castilla-La Mancha y Andalucía. La lista de municipios podría ampliarse en función de la evolución de la emergencia.

Entre las más destacadas se encuentran las ayudas directas para autónomos y pequeñas y medianas empresas, que en total suman 838 millones de euros. Además, el paquete incluye una línea de avales ICO por valor de 5.000 millones de euros, destinada a facilitar el acceso a crédito para empresas y particulares afectados. Un primer tramo de 1.000 millones de euros ya ha sido activado, lo que permitirá a los afectados obtener financiación en las próximas semanas.

El Gobierno también ha asignado ayudas para la reparación de viviendas, que oscilarán entre los 20.000 y los 60.000 euros, dependiendo de la magnitud de los daños. Los afectados podrán recibir hasta 10.300 euros para la reposición de enseres y electrodomésticos dañados. Además, se crearán fondos para la reparación de infraestructuras públicas, con el compromiso de financiar hasta el 50% de los costos de restauración de carreteras, instalaciones deportivas y centros cívicos.

También se introducen una serie de medidas de protección social. Se establecerá una incapacidad temporal extraordinaria para aquellos trabajadores y autónomos que sufran daños físicos o psicológicos a causa de la DANA, con una compensación del 75% de su salario desde el primer día. También se creará una prestación por cese de actividad para los autónomos que deban suspender su trabajo debido a los daños sufridos.

En cuanto a las medidas fiscales, se prevé una exención del IBI de 2024 para las viviendas y negocios de las zonas afectadas, así como una reducción del Impuesto de Actividades Económicas (IAE). Las ayudas por daños personales también estarán exentas de tributación en el IRPF, y el segundo plazo de la declaración de la renta de este año se aplazará hasta 2025 para los afectados, lo que beneficiará a unas 200.000 personas.

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