El ratio de insolvencias se ha disparado un 22% en el 2022, según datos de Iberinform, consultora de Crédito y Caución. Tal y como recoge Blanca Gispert en La Vanguardia, la economía española cada vez está menos anestesiada por las políticas públicas que fueron aprobadas en su día con el objetivo de paliar la crisis de la pandemia y la guerra en Ucrania. Más de 7.300 empresas en España se han visto abocadas a presentar concurso de acreedores, un arduo proceso judicial que en más del 90% de los casos conduce a la liquidación del negocio.
Si se compara con años anteriores, es una cifra que todavía no llega a los niveles del 2012 y el 2013, cuando se registraron más de 8.000 y 9.000, respectivamente, a causa de los estragos que hizo la crisis financiera. Además, “la comparación puede resultar engañosa a causa de las reformas legales que se han ido aprobando en los últimos años”, matiza Bruno Fernandes, responsable de investigación macroeconómica de la aseguradora Coface.
En todo caso, la cifra de concursos en el 2022 se ha disparado respecto a la del 2021, cuando también subió otro 37% a causa de la parálisis del 2020. Como reflejo de la economía española, la mayoría de las suspensiones de pagos se han registrado en la Comunidad de Madrid y Catalunya, seguidas de Valencia y Andalucía. Y, a diferencia del 2021, cuando los concursos tuvieron especial incidencia en el sector servicios, este año han impactado con mayor fuerza en el sector industrial y de la construcción.
Fin de la moratoria concursal
Los motivos de esta subida, que si se analiza mes a mes ha tenido lugar en la segunda mitad del año, se encuentran principalmente en el fin de la moratoria concursal, una medida que aprobó el Gobierno en marzo del 2020 y que se prolongó hasta el 30 de junio del año pasado. La medida eximía a las empresas en situación de insolvencia de declararse en concurso. El objetivo era preservar su actividad con la idea de que una vez recuperada la normalidad no tuvieran que verse abocadas al concurso.
Transcurridos 27 meses de la moratoria, no todas han logrado superar el bache, y los concursos se han disparado un 22%. A ello hay que sumar el vencimiento de los préstamos avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), otro instrumento que el Gobierno puso en marcha para paliar los efectos de la crisis de la pandemia y que desde mediados del año pasado las empresas deben devolver.
Ignacio Jiménez, director general de Iberinform, sostiene que la coyuntura macroeconómica desfavorable no ha facilitado la continuidad de las empresas. La escasez de materias primas o suministros, el encarecimiento de los costes de la energía (y la inflación, en general), la subida de tipos de interés y una recuperación desigual de la actividad han puesto trabas a la viabilidad de los negocios. Como es habitual, las empresas que peor han afrontado la situación han sido las pymes y micropymes, que no tienen poder para repercutir la subida de costes a su cliente final.
Las perspectivas de cara al 2023 no son demasiado alentadoras. “Siguen habiendo muchas empresas zombi. Este año también veremos un efecto arrastre del fin de la moratoria concursal”, sostiene el abogado Gerard Solé, socio del despacho barcelonés Fils, especializado en la materia.
Moratoria contable hasta finales de 2024
Varios factores pueden frenar las insolvencias en el 2023. Uno de ellos es la prórroga de la moratoria contable, aprobada en noviembre por el Gobierno para frenar los efectos de la crisis de la pandemia y de la coyuntura. Esta medida, que estará en vigor hasta finales del 2024, exime a las empresas de tramitar su disolución si sus pérdidas han reducido su patrimonio neto por debajo de la mitad de su capital social. Según Jiménez, esta prórroga puede permitir que “las empresas que eran viables antes de la pandemia y que han sufrido pérdidas extraordinarias tengan más tiempo para reequilibrar sus balances y no se vean obligadas a solicitar el concurso durante 2023”.
Otra de las medidas que podría reducir la cifra de concursos en el 2023 es la presentación de planes de reestructuración. “Tras la reforma, la ley quiere favorecer que las compañías se anticipen a la suspensión de pagos con la presentación de un plan de reestructuración de su deuda pactado con los acreedores. La figura ya existía, pero ahora tiene mayor reconocimiento”, comenta Solé, que espera que las empresas tomen conocimiento de esta herramienta.
El profesor y abogado Pere Brachfield añade que el mayor freno a la presentación de concursos es el estigma social que supone para el empresario iniciar este proceso. “En España, a diferencia de países como Francia y el Reino Unido, cuesta mucho asumir que el negocio va mal, y eso provoca que las compañías acaben llevando la situación tan al límite que cuando presentan concurso el barco ya está hundido”, indica Brachfield, quien sostiene que este será también el mayor freno para los planes de reestructuración.
Otra de las cuestiones históricas sin resolver, y que también derivan de este estigma cultural que rodea el concurso o de la falta de recursos de los empresarios, es la elevada presencia de empresas inactivas que deberían disolverse o entrar en concurso, pero que, en cambio, figuran como activas. Según datos recogidos por Iberinform a partir de las cuentas depositadas en el Registro Mercantil (correspondientes al 2020), el fenómeno afecta a la mitad (51%) del tejido empresarial español. Un porcentaje que en Catalunya cae al 47%, con un total de 309.000 empresas fantasma.
